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Venini solicita intervención de la justicia electoral provincial

Jazmín Venini continúa reclamando su lugar en el Concejo Deliberante. Denuncia irregularidades y pide acción urgente.

Venini solicita intervención de la justicia electoral provincial

Jazmín Venini continúa reclamando su lugar en el Concejo Deliberante. Denuncia irregularidades y pide acción urgente.

Jazmín Venini ha solicitado la intervención de la justicia electoral provincial debido a irregularidades en su nombramiento. En una carta dirigida a las autoridades, Venini hace referencia a la Resolución 083-JEM-24 del 15 de noviembre de 2024, que establece su designación para cubrir la vacante dejada por el concejal electo Antonio Tomás Hercigonja.

Venini señala que, a pesar de haber cumplido con todos los pasos administrativos y haber sido notificada oficialmente, el Concejo Municipal no ha procedido con la toma de su juramento. La Junta Electoral Municipal, en respuesta a notas presentadas por Venini, indicó que actuó conforme a lo solicitado por el presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, y que la responsabilidad de la toma de juramento recae en el Concejo.

En su solicitud, Venini expresa su preocupación por la falta de acción del Concejo Municipal y la ausencia de justificación legal para detener el proceso administrativo. Destaca que la demora priva a la ciudadanía de su representación completa en el Concejo, que actualmente cuenta con 10 miembros en lugar de los 11 establecidos.

Venini hace un llamado a las autoridades para que actúen en favor de la "transparencia y la justicia, y solicita la intervención urgente de la Junta Electoral Provincial para garantizar que el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche cumpla con su responsabilidad y respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas".

La actual funcionaria municipal subraya la importancia de que el sector público represente adecuadamente a la ciudadanía y actúe con excelencia y justicia. Insiste en que la intervención de la Junta Electoral Provincial es esencial para asegurar el cumplimiento del orden legal y la efectiva representación de los ciudadanos, evitando que las falencias en el proceso administrativo pongan en riesgo la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.

 

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