Bariloche Escuchar artículo

La Justicia Federal desestimó la causa contra Patricia Bullrich por insuficiencia de pruebas

La causa contra la exministra Patricia Bullrich, denunciada por la APDH en 2019 por presunta persecución y espionaje contra comunidades mapuches, fue archivada por inexistencia de delito.

La Justicia Federal desestimó la causa contra Patricia Bullrich por insuficiencia de pruebas

La causa contra la exministra Patricia Bullrich, denunciada por la APDH en 2019 por presunta persecución y espionaje contra comunidades mapuches, fue archivada por inexistencia de delito.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 5, encabezado por la Dra. María Eugenia Capuchetti, resolvió archivar la causa iniciada en 2019 contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich. La denuncia, presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), alegaba persecución y espionaje ilegal contra comunidades mapuches, pero el tribunal no encontró elementos suficientes para configurar un delito.

La APDH acusaba a Bullrich y a su equipo de coordinar una estrategia de represión y estigmatización hacia comunidades mapuches para desalentar reclamos por tierras ancestrales y favorecer intereses empresariales. La causa, caratulada "Bullrich, Patricia y otros s/homicidio agravado fuerzas de seguridad y otros", abarcaba incidentes como desalojos forzosos, espionaje ilegal y violencia institucional.

El Fiscal a cargo había solicitado antecedentes de múltiples causas vinculadas a conflictos territoriales en la Patagonia, incluyendo las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La jueza Capuchetti analizó trece expedientes judiciales y más de cincuenta hechos delictivos, concluyendo que la evidencia no cumplía con los requisitos mínimos para configurar un hecho punible. Las acciones del Ministerio de Seguridad fueron consideradas intervenciones puntuales en casos denunciados ante la justicia, descartando la hipótesis de una maniobra sistemática.

La magistrada también destacó que el conflicto territorial entre comunidades indígenas y el Estado tiene raíces históricas y estructurales, pero no se pudo probar la participación directa o indirecta de las autoridades ministeriales en los hechos denunciados. El fallo subraya la complejidad de los conflictos en la región patagónica y la tensión entre los derechos de las comunidades indígenas y la administración de tierras en disputa.

Volver arriba