Avanza en la justicia la causa de los balances truchos de la CEB
Tras la denuncia por la aprobación de un balance con firmas falsificadas, se aguarda la decisión de la justicia. La audiencia se pospuso hasta después de la feria judicial.
Tras la denuncia de la Comisión Fiscalizadora de la cooperativa de Electricidad Bariloche por la aprobación de un balance con firmas falsificadas y documentación controvertida, se aguarda la decisión de la justicia. La audiencia se pospuso hasta después de la feria judicial para resolver este asunto
José Manuel Pincheira y Arnaldo Atilio Arrúa, miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), presentaron una denuncia penal, acusando a Carlos Aristegui (presidente), José Luis Poggi (secretario) y Yasmín Pamela Najul (tesorera) del Comité Ejecutivo de la CEB por falsificación de firmas en el balance anual de la cooperativa.
Según Atilio Arrua, el proceso judicial se encuentra en un cuarto intermedio mientras el juez decide si convertir la acción penal de pública a privada. Arrua sostiene que existen pruebas suficientes para respaldar la denuncia y permitir una investigación justa, con el objetivo de esclarecer los hechos y proteger los derechos de los socios afectados.
La controversia se centra en la presentación de dos documentaciones, una de las cuales fue firmada por la Comisión Fiscalizadora el 21 de noviembre, mientras que otra fue insertada en un informe anterior sin autorización. Esta situación generó dudas sobre la transparencia en la aprobación del balance y la gestión de la cooperativa.
La Comisión Fiscalizadora insiste en la importancia de defender los derechos de los socios y garantizar la integridad de la cooperativa. Con un presunto quebranto cercano a los mil millones de pesos, el caso puso en evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva y la búsqueda de responsabilidades por posibles irregularidades.
Se espera que el juez tome una decisión sobre la conversión de la acción penal en las próximas semanas, una medida que la Comisión Fiscalizadora considera crucial para lograr justicia en este caso de gran repercusión en la comunidad de Bariloche.
